jueves, 22 de septiembre de 2011

Acceso a la educación de privados de la libertad

Se trata de una modificación de la ley 24.660 de Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de la libertad con el fin de garantizar y asegurar el acceso a la educación de los internos del sistema penitenciario.

La iniciativa –de autoría de los diputados Adriana Puiggrós y Ricardo Gil Lavedra, entre otros- no es caprichosa, sino que responde a datos duros de la realidad sobre el bajo nivel educativo de la mayoría de la población carcelaria de nuestro país.

Se crea un régimen de estímulo para los internos, permitiendo reducir, hasta un máximo acumulado de 20 meses, la permanencia en las instituciones carcelarias a aquellas personas que completen y aprueben total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios o superiores durante el tiempo que permanezcan detenidos.

La reducción de la permanencia en prisión se calculará según la siguiente escala: un mes por ciclo lectivo anual; dos meses por curso de formación profesional o equivalente; dos meses por estudios primarios; tres meses por estudios secundarios; tres meses por estudios de nivel terciario; cuatro meses por estudios de nivel universitario; dos meses por cursos de posgrado.

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